Responsabilidad Civil y Arquitectura




Hace unos días, un amigo abogado me comentaba que iba a comenzar un máster en Abogacía y Práctica jurídica en la Universidad Internacional de Valencia, como complemento al Grado que ya tenía. (http://www.viu.es/master-abogacia-practica-juridica/).

Resulta que su padre, también abogado, es un experto en los asuntos de responsabilidad civil de los arquitectos y él me comentaba lo poco informados que estamos los arquitectos en general sobre este tema. Indicando que tan sólo nos empezamos a poner al día cuando surge el primer problema después de finalizar una obra.

Esto es sin duda muy cierto y quizás es uno de los temas que menos se tocan en los años de universidad y que más importancia tienen durante la actividad profesional del arquitecto.

Empecemos por lo básico, ¿qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la que deriva de una conducta que infringe la ley, que incumple un contrato o que produce un daño a un tercero. En lo que concierne a un arquitecto, sería la consecuencia de un defecto de construcción, entendiendo como tal:

-        -  Defectos de construcción estructurales
-        -  Defectos de construcción funcionales o de habitabilidad
-        - Defectos de construcción de terminación o acabado.

Esencialmente, el arquitecto responde directamente de todos los defectos de construcción derivados de la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga y demás elementos estructurales y que afecten a lo que los Tribunales denominan ruina física actual (derrumbe o desplome del edificio) o potencial (posibilidad de que se produzca el derrumbe del edificio).

El arquitecto no asume responsabilidad en lo relativo a las meras imperfecciones constructivas que afecten a elementos de terminación y acabado de obras, cuya responsabilidad viene atribuida al constructor.


Aunque esta división de las responsabilidades parece bastante clara, sin embargo la ley alude a una ancha “zona gris” especialmente peligrosa desde el punto de vista de la responsabilidad civil de un arquitecto. Esta zona gris se denomina como “ruina funcional” y comprende todos aquellos defectos constructivos que no suponen un derrumbe actual o potencial del edificio, pero que excede de las meras imperfecciones corrientes. Esto comprende todo lo relativo a la higiene, protección contra el ruido, ahorro de energía o cualquier otro aspecto funcional necesario para un uso satisfactorio del edificio. 

En este grupo de defectos constructivos, que afectan a la funcionalidad y habitabilidad del edificio, pueden concurrir en responsabilidad el arquitecto director de la obra, el arquitecto técnico e incluso el constructor.

En principio, cuando el defecto tenga su origen en una insuficiencia del proyecto, la responsabilidad será del arquitecto. Cuando tenga su origen en la inadecuación de los materiales, en su mala calidad o en una deficiente técnica constructiva, la responsabilidad deberá ser atribuida al arquitecto técnico, al constructor o incluso al suministrador del material.

Una interpretación rigurosa de la Ley, permitiría responsabilizar al arquitecto técnico de todos los defectos que afecten a la funcionalidad o habitabilidad del edificio cuyo origen esté en una deficiente ejecución material de la obra. Sin embargo, en España la Ley convierte al arquitecto en una especie de garante supremo de todo lo construido y de vigilante de las funciones de todos los demás intervinientes en el proceso de edificación.  Esto significa que un juez puede hacer responsable al arquitecto de prácticamente cualquier vicio constructivo que exceda un mero defecto o imperfección de acabado. A esto contribuye el certificado final de obra, que algunos tribunales convierten en una especie  de declaración solemne del arquitecto, por medio de la cual, se bendice todo lo construido y se aprueba lo hecho por los demás agentes de la edificación.

A pesar de todo esto, en los casos en los que no es posible demostrar que el arquitecto director de la obra, o proyectista, no ha tenido intervención en la causa del defecto de la obra y que no se consiga identificar su concreta parte de responsabilidad,  la regla general es que se responderá solidariamente con el arquitecto técnico, y/o el constructor. Esta forma de responsabilidad solidaria es la que estadísticamente se declara con más frecuencia en los Tribunales.

Es muy superior el número de casos en los que se acaba condenando al arquitecto por defectos atribuibles al aparejador y constructor, que el número de sentencias en las que se condena a estos y se absuelve al arquitecto.

En el orden práctico, esto significa que el demandante tan sólo tiene que probar que los defectos constructivos existen y que se han manifestado dentro de los respectivos plazos de garantía. A partir de esta constatación se entiende que existe responsabilidad de los profesionales intervinientes en la edificación.

La ley establece tres plazos de garantía que empiezan a contar a partir de la firma del acta de recepción de la obra, sin reserva por parte del promotor. Estos plazos son:

-        -  Diez años para los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos estructurales.

-     - Tres años para los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad y funcionalidad.

-       - Un año para los defectos de terminación o acabado, de cuya responsabilidad se excluye al arquitecto.
Las demandas deben ser presentadas frente al arquitecto en el plazo máximo de dos años contados desde el momento en el que se empiezan a  manifestar los daños materiales.

A diferencia de lo que sucede con la responsabilidad penal, la responsabilidad civil se concreta en la obligación de reparar los daños o indemnizar al perjudicado.

La responsabilidad penal comporta, además de la eventual obligación de indemnizar, sanciones de privación de libertad y de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, como consecuencia de conductas imprudentes y la infracción de las normas de seguridad en el trabajo. Incluyendo:

-        -  Homicidio imprudente
-        -  Lesiones graves por imprudencia
-         - Infracción de las normas de prevención de los riesgos laborales
-        -  Daños materiales por imprudencias grave

Dependiendo del caso, las penas pueden ir desde 6 meses a cuatro años de cárcel y la inhabilitación para el ejercicio profesional de tres a seis años.

Al contrario de lo que ocurre en otros países como Francia o Reino Unido, el arquitecto es el responsable de firmar el proyecto en su conjunto, incluyendo cimentación, estructura e instalaciones. La realidad es que en la mayoría de los proyectos se subcontrata a ingenieros o arquitectos especializados en el cálculo de estructuras, cimentación e instalaciones, aunque la firma que figura en el visado de los proyectos es siempre la del arquitecto proyectista. Esto significa que la responsabilidad no se comparte, con lo que el arquitecto proyectista queda totalmente expuesto a cualquier eventualidad surgida de un mal cálculo proyectual. De ahí la importancia de realizar un proyecto dentro de unos plazos razonables, con unos honorarios acordes.

Quizás, la próxima vez que un cliente quiera ajustar aún más los horarios, habría que explicarle todo lo anterior, para que entienda que la responsabilidad de un arquitecto va mucho más allá de dibujar un plano bonito con arbolitos y ayudar a elegir el acabado de los suelos y paredes.

*Texto basado en el artículo publicado por F. Ruíz y A. Bas para la Escuela de la Universid



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